Ayutla, Guerrero.- El 28 de noviembre de 2012, un comando armado de la comunidad El Ciruelo asesinó la lideresa ecologista Juventina Villa Mojica y su hijo de 11 años de edad en la comunidad de La Laguna, en el Municipio de Coyuca de Catalán.
Antes de lo que pasó a Juventina, otros 10 integrantes de la familia Santana Villa habían sido asesinados por un grupo de sicarios de El Ciruelo porque tenían el interés de apoderarse de las tierras para explotar la madera y sembrar estupefacientes.
Tras estos hechos, 17 familias -107 personas- fueron desplazadas por la narcoviolencia a la comunidad de Puerto las Ollas, donde vivieron en condiciones precarias.
Debido a una serie de nuevas amenazas de muerte por parte de un grupo de narcotraficantes, aceptaron el apoyo gubernamental para trasladarse en diciembre de ese año a Ayutla.
Aguirre, a través de la subsecretaria de Asuntos Políticos, Rosana Mora Patiño, les ofreció a los desplazados terrenos en las comunidades de Tepango y La Unión, del Municipio de Ayutla, pero hasta la fecha sigue sin cumplirles con la construcción de casas y otorgarles los mínimos servicios públicos.
“Nos prometieron que nos pagarían el terreno, nos darían todos los servicios públicos, pero nada de eso ha sido cierto”, señaló Sergio Santana Palacios, suegro de Juventina Villa.
Señaló que el Gobierno de Aguirre Rivero se ha negado a pagar a un particular los 550 mil pesos por el terreno donde viven.
“Cuando aceptamos venirnos a esta zona, la subsecretaria de Asuntos Políticos, Rosana Mora nos dio un cheque de 100 mil pesos de apoyo para todas las familias, pero eso no alcanzó ni siquiera para el terreno”, dijo el campesino.
Mencionó que el Gobierno de Aguirre ha incumplido con resolver los casos de los asesinatos de 10 de sus familiares, entre ellos, los de su cuatro hijos, su nuera y su nieto.
En La Unión, otra comunidad de Ayutla donde están refugiadas tres familias, el Gobierno los ubicó a unos metros de una barranca, la cual, en temporada de lluvias es una zona de alto riesgo.
Además, en vez de construirles una casa, les mandó varias carpas y tinacos para almacenar agua, pero en ese lugar no hay dónde abastecerse del vital líquido.
Asimismo, quienes ahí viven se quejan de que sus hijos tienen que caminar más de media hora para llegar a la escuela primaria donde estudian.
“Caminan en las brechas para llegar a la escuela y nos dicen que aquí donde nos trajeron es un lugar de alto riesgo porque estamos a unos metros de una barranca”, refiere uno de los afectados.
‘Saben quiénes son y no hacen nada’
Doña Juana Alonso acaricia el pelo ensortijado de una de sus nietas, quien se refugia en su vestido largo.
Entre lágrimas, recuerda a sus hijas, quienes decidieron quedarse en la comunidad serrana de La Laguna pese a que las ronda la muerte.
“Apenas me habló por teléfono celular una de mis hijas y me dijo que los asesinos de nuestros familiares los están amenazando de muerte”, dice angustiada.
Entre 2011 y noviembre de 2012 enterró a 12 de sus familiares que fueron ejecutados a balazos por un grupo de paramilitares que viven en la comunidad vecina de El Ciruelo.
Doña Juana Alonso y su esposo, Sergio Santana Palacios, encabezan el grupo de 17 familias de La Laguna que huyó por la violencia.
“Nosotros queremos que mataron a mi hijo Rubén y luego a mis otros hijos, sobrinos y hasta mi nieto, pero lo más grave es de que la Procuraduría de Justicia sabe quiénes fueron y no los detienen”, afirmó Sergio Santana.
“Ya no queremos regresar allá porque por lo menos una vez a la semana nos amenazaban de muerte y por eso es preferible estar aquí en malas condiciones, pero sin correr el riesgo de que nos maten”, dijo la señora Juana Alonso.
La policíaca.
